“Tras las declaraciones del secretario general de Vivienda, Francisco Javier Martín, y del director general de vivienda, David Lucas, donde asumen que la Ley de Vivienda está condenada a fracasar y reconocen que la solución para reducir el precio es aumentar la oferta, nos queda claro que el Gobierno se ha dedicado estos años a hacer ideología con la vivienda y con el alquiler, y no a poner en marcha políticas que incentiven la oferta”, afirma José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler
“La realidad de mercado es la que se está imponiendo y marcando las pautas de lo que se debería hacer en vivienda, concretamente en alquiler, donde las rentas de alquiler no paran de subir ante la escasez de oferta. Una oferta, permanentemente castigada por políticas desincentivadoras e intervencionistas. La última medida de congelar la actualización de las rentas de alquiler al 2%, casi sine die, está propiciando un aumento de precios ante la pérdida de poder adquisitivo de los arrendadores, y de viviendas que pasan al mercado de la compra-venta, porque el mercado del alquiler no es rentable y es cada vez más inseguro, donde se cambian las reglas en mitad de la partida”, subraya José Ramón Zurdo.
ANA YA PROPUSO EN 2021, ANTICIPANDOSE A LAS ÚLTIMAS PROPUESTA DE LOS GRANDES TENEDORES, QUE EL ESTADO SE CONVIRTIERA EN ARRENDATARIO-AVALISTA Y PAGASE A LOS PROPIETARIOS LAS RENTAS DE LOS INQUILINOS MÁS VULNERABLES.
La Agencia Negociadora del Alquiler propuso en enero de 2021, para solventar temporalmente la situación de la falta de oferta pública de viviendas en alquiler, que aumentara la oferta acudiendo al sector privado, y que la Administración llegase a acuerdos con los propietarios (únicos generadores de oferta de viviendas en alquiler), para que los inquilinos vulnerables o con problemas para hacer frente a una renta a precio de mercado, fuera el Estado el que se hiciere cargo de pagar esas rentas, pagando directamente a los propietarios.
“En otras palabras, la propuesta que ponemos encima de la mesa es que el Gobierno se convierta en arrendatario o avalista de las viviendas que se utilicen para alternativas habitacionales de los inquilinos más indefensos”, subraya José Ramón Zurdo.
Para el directivo de ANA, “el propietario arrendador, tanto grandes tenedores, como particulares, no tendrían inconveniente, porque obtendría la garantía y la seguridad del Estado en estas operaciones”. Para que esto funcione el Gobierno deberá abandonar la propaganda política y gastar dinero de verdad donde se necesita, como recientemente han reconocido”.
