ANA solicita al nuevo Gobierno tras 23J seguridad jurídica para el alquiler

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) propone al próximo Gobierno que salga de las urnas tras el 23J, “que incentiven fiscalmente y aporten mayor seguridad jurídica a los propietarios que decidan poner sus viviendas en alquiler”, señala su director general, José Ramón Zurdo“Esta es una propuesta clave para aumentar la oferta de viviendas en alquiler, cubriendo así la carencia actual de oferta. Esta es una propuesta que trasladamos al nuevo ejecutivo que salga de las urnas, y que ya trasladamos al actual Gobierno, sin ninguna respuesta, haciendo oídos sordos a nuestras peticiones”, subraya Zurdo.

VIVIENDAS VACÍAS POR MIEDO A ALQUILAR

Según los últimos datos publicados por el INE, en España hay 3,83 millones de viviendas vacías, que probablemente sus propietarios no quieran vender (por eso están vacías), pero que, a la vez, tampoco se atreven a sacar al mercado del alquiler, por la actual situación de inseguridad jurídica reinante y por los larguísimos, costosos y farragosos procesos a los que hay que acudir para la recuperación de las viviendas, en casos de impagos, informan desde ANA. Desde la Agencia, aseguran que, visto los antecedentes que ocurrieron durante la pandemia (durante la que aumento mucho la oferta y los precios cayeron), si un número elevado de estas viviendas salen al mercado, equilibrarían la actual escasez de oferta, que, ante una alta demanda, haría bajar el precio de los alquileres.

LA GARANTÍA DEL ESTADO COMO LLAVE PARA ABRIR LAS VIVIENDAS VACIAS AL ALQUILER

Desde ANA consideran que, la urgencia habitacional que vivimos actualmente no puede esperar a un proceso laborioso de cambio de leyes para aportar mayor seguridad jurídica al sector, y mucho menos a un despilfarro de dinero público para construir miles de viviendas que tardarán años y años.  “Es necesario un acercamiento a esos propietarios de viviendas vacías (3,83 millones) donde el Estado figure como garante para el arrendador, y sea la llave definitiva para abrir las viviendas vacías al alquiler”, propone José Ramón Zurdo, director general de ANA.

Zurdo propone que:

  • El Estado o las Administraciones intervinientes, aporten la seguridad jurídica al arrendador, en el cumplimiento de las obligaciones arrendaticias de los inquilinos, tanto en el pago de las rentas, como en las deficiencias que pudieran existir a la marcha de estos.
  • Compromiso obligacional de los propietarios arrendadores, de que, a cambio de obtener esas garantías Públicas, saquen las viviendas al mercado del alquiler a precios regulados o asequibles.
  • Estas medidas deberían ir acompañadas de líneas de financiación a los propietarios de las viviendas que necesiten reformas, para que se puedan rehabilitar las viviendas. El Estado o las Administraciones Públicas que costeen esas reformas, irían recuperando sus costes, a través de las rentas que abonen los inquilinos.
  • Y por supuesto, todas estas medidas, deben ir acompañadas de una verdadera voluntad política para acabar con la ocupación. Desde ANA se han propuesto distintas medias para luchar de forma más eficaz contra la ocupación. Medidas como:
  • Modificar el art. 37 de la LAU, donde los contratos tengan que formalizarse únicamente por escrito, para que desplieguen todos sus efectos y sean incluidos en un Registro público de contratos, como los que ya existen en las distintas CCAA. Y que en estos Registros también se verifiquen sus títulos de propiedad.
  • Aumentar los plazos a 72hs para que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, puedan actuar sin autorización judicial para desalojar a los okupas que no acrediten un título valido para la ocupación.
  • Modificar el art 13 de la Ley de enjuiciamiento criminal para que lo jueces admitan con mas frecuencia las medidas cautelares solicitadas para el desalojo de los okupas, ante la presentación de títulos falsos.
  • Al igual que, se habiten penas de prisión de hasta 1 año, para los ocupas que comenta delitos de usurpación de viviendas. 

“De esta manera podríamos, incluso, evitar o reducir las cuantiosas y costosas inversiones que ahora se quieren hacer para paliar esta escasez de viviendas destinadas al alquiler, construyendo miles y miles de viviendas. Si las viviendas ya las tenemos, para que construir más, despilfarrando el dinero público. Lo que tenemos que hacer, a través de aportar mayor seguridad jurídica y medidas fiscales, es acercarnos a los dueños de esas viviendas para que las pongan de nuevo en el mercado, en lugar de penalizarles por tener las viviendas vacías, que es lo que pretende la actual ley de la vivienda, comenta José Ramón Zurdo.

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