El sector inmobiliario se reúne de nuevo en Madrid para el SIMAPRO tras más de un año de pandemia que ha acelerado la transformación digital de la industria y ha puesto el foco en nuevas tendencias y problemáticas. En este contexto, la Asociación Nacional API analizará las claves y retos del sector en la principal feria inmobiliaria del país y llevará a cabo una jornada pensada para la formación de los profesionales asistentes.
Así pues, este jueves los API ofrecerán una jornada inmobiliaria pensada para dar herramientas a los profesionales asistentes al SIMAPRO que les ayuden a desarrollar su negocio dándoles información sobre las tendencias de mercado y todo tipo de soluciones para las agencias. En este sentido, Vicenç Hernández, presidente de la Asociación Nacional API y CEO de Tecnotramit, y Anna Puigdevall, directora general, darán las claves sobre “Qué significa ser API” en una charla dirigida a todo tipo profesionales en un momento en el que el asesoramiento inmobiliario es más necesario que nunca para el consumidor a la hora de operar en el mercado de real estate.
El prestigioso economista Gonzalo Bernardos ocupará el momento central de la jornada con una intervención centrada en ofrecer su visión y perspectivas en una conferencia titulada «La recuperación del mercado inmobiliario ¿Cuándo y cómo será?» rector comercial de los API, y Sheila Gracia, directora de Servicios, cerrarán la jornada impartiendo un taller práctico en el que se darán soluciones eficientes para los agentes inmobiliarios y respuestas a las inquietudes de las agencias inmobiliarias de forma personalizada.
La regulación de la profesión inmobiliaria, una necesidad para el mercado y el consumidor
Proteger a los consumidores en el desarrollo de sus operaciones inmobiliarias. Este es el objetivo de la Asociación Nacional API, que nace para velar por la ética y las buenas prácticas de los profesionales y convertirse en una red de seguridad para el consumidor inmobiliario en un sector falto de regulación y en un contexto de pandemia que ha acelerado muchos de los cambios previstos en la industria para la próxima década debido a las necesidades del mercado.
Si bien el cambio de paradigma que este sector está experimentando tiene muchas ventajas y permite un ahorro notable de coste y tiempo para muchas de las partes en una transacción inmobiliaria, el asesoramiento del profesional se ha hecho todavía más imprescindible para la protección del consumidor durante esta crisis. La Asociación Nacional API y su sello de calidad inmobiliaria, API Profesional, son una garantía ante esta falta de seguridad para el consumidor.
Así, de los 35.000 agentes que existen en España, hoy en día sólo 4.000 están bajo el paraguas de una asociación que, no solo vela por las buenas prácticas sino porque los agentes tengan la tecnología más avanzada y amplios seguros y servicios para mejorar la experiencia del consumidor, mejorar el sector es “una necesidad imperiosa”.
Tras la liberalización de la actividad inmobiliaria en el año 2000, sólo en algunas comunidades autónomas se han aprobado regulaciones específicas. Eso significa que la gran mayoría de las transacciones inmobiliarias se realizan sin las garantías deseables para una operación de la envergadura de una compraventa de un inmueble. Por este motivo, la Asociación Nacional API abre sus puertas con la clara intención de crear un estándar profesional elevado.
Para poder formar parte de la Asociación los agentes inmobiliarios deberán someterse al código ético, de buena conducta y de buenas prácticas, así como a su régimen sancionador, y cumplir además unos requisitos básicos de formación y de experiencia. Sólo los profesionales que cumplan estos requisitos podrán pertenecer a esta asociación y lucir la insignia API Profesional.
Un Comité Ético formado por juristas analizará los casos de mala praxis denunciados por parte de los consumidores y expulsará, si fuera necesario, a aquellos integrantes que no cumplan el código de buena conducta. Además, los agentes inmobiliarios asociados tendrán acceso a herramientas tecnológicas y formación continuada para que puedan adaptarse a las necesidades de los consumidores a la vez que garantizarles la protección que necesitan.
