FIABCI España rechaza con firmeza la regulación del alquiler de temporada en Catalunya introducida por la Ley 11/2025. La organización considera que, aunque la norma busca corregir usos fraudulentos, su aplicación está generando efectos contrarios a los deseados. El resultado es claro: menos oferta, más inseguridad jurídica y un mercado tensionado que pierde eficiencia y atractivo.
La organización advierte de una caída abrupta de la oferta de alquiler. Lejos de abaratar precios, la limitación de rentabilidad está provocando la retirada masiva de viviendas del mercado. Propietarios optan por vender o, en muchos casos, por una “retirada estratégica”, manteniendo los inmuebles vacíos a la espera de un cambio normativo. Esto reduce la liquidez y agrava el acceso a la vivienda.
FIABCI España subraya, además, el impacto directo sobre la inversión internacional. La normativa introduce un alto grado de subjetividad al exigir acreditar la temporalidad del contrato. Esta situación genera inseguridad jurídica y riesgo de litigios, factores que penalizan la entrada de capital. Como consecuencia, fondos y operadores internacionales desvían inversión hacia mercados europeos más estables y predecibles.
Eva González-Nebreda, secretaria general de FIABCI España, señala: “La ley elimina el fraude, pero genera un efecto más grave: la caída estrepitosa de la oferta. Los propietarios no encuentran rentabilidad y retiran sus activos. Además, la exigencia de justificar la temporalidad introduce una inseguridad jurídica que penaliza especialmente al inversor internacional. Si la rentabilidad cae más de un 20%, Catalunya deja de ser competitiva frente a otras capitales europeas”.
FIABCI España alerta también del “impacto social de la ultrarregulación”. Estudiantes y profesionales desplazados están siendo expulsados del mercado, precisamente los perfiles que requieren alquiler temporal. Este “efecto expulsión” reduce la atracción de talento y afecta a sectores clave como el tecnológico y el empresarial.
La organización señala que cuanto más se protege a las familias vulnerables o las personas menos solventes, más dificultad tienen para encontrar vivienda. Primer efecto contrario al que se pretendía conseguir. González-Nebreda señala que “el ‘éxito’ de la instauración de los topes es que han moderado los precios de los alquileres en algunas ciudades, pero tiene una contrapartida que debe tenerse en cuenta: los potenciales inquilinos vulnerables han sido sustituidos por inquilinos solventes”.
Y es que la solvencia del arrendatario es un elemento determinante para el propietario de la vivienda, y más aún cuando existe una gran concurrencia de demanda. Así pues, no solo no se han conseguido los objetivos, sino que se producido el efecto contrario: el desplazamiento de las familias vulnerables fuera de la ciudad.
Eso solo sucede en la situación señalada: cuando coincide una gran concurrencia de demanda con una oferta limitada. Por tanto, si se incrementase la oferta con una buena colaboración público-privada y con políticas que impulsaran el parque de vivienda asequible, se mitigaría la tensión. FIABCI España reclama una revisión urgente de la normativa para garantizar un equilibrio entre protección al inquilino, seguridad jurídica y sostenibilidad del mercado.
