El colectivo API (Agentes de la Propiedad Inmobiliaria) de Catalunya se ha mostrado contrario al Decreto Ley de Régimen Urbanístico sobre las denominadas VUT (Viviendas de Uso Turístico), aprobado este martes, 7 de noviembre, por la Generalitat de Catalunya. El texto decreta que en 262 municipios no podrá haber más de 10 apartamentos turísticos por cada 100 habitantes y obligará a cerrar 28.000 en 47 municipios en un plazo máximo de cinco años.
“Hay municipios del listado de la Generalitat como Alp, Begur, Cadaqués, Espot, Palafrugell, Pals o Salou, entre otros, en los que es absurdo pensar que el problema se resolverá con este decreto. Además, no hay ninguna garantía de que las viviendas que dejen de destinarse a uso turístico pasen al alquiler de larga duración. De hecho, dada la inestabilidad jurídica en la que estamos inmersos, lo más probable es que la mayoría de los propietarios opten por poner sus viviendas a la venta, dejando fuera del mercado a esa parte de la demanda que hoy no cuenta con capital suficiente para comprar y sólo puede acceder al mercado mediante el arrendamiento de una vivienda”, avisan desde el colectivo de agentes inmobiliarios.
Los API también han incidido en que este tipo de medidas “son de carácter ideológico y no tienen cabida en la realidad económica del país”. “España en general y Catalunya en particular son regiones cuyo principal motor económico es el sector de servicios y cuya economía está enfocada al turismo, razón por la que Barcelona y Madrid ocupan un puesto en el top-10 de ciudades más visitadas del mundo en la gran mayoría de rankings del sector turístico”.
En este sentido, los agentes de la propiedad inmobiliaria recuerdan la notable aportación fiscal de este segmento económico. Y es que, según un informe de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (APARTUR), las VUT generan 5.000 empleos directos y cada piso turístico de la ciudad de Barcelona genera alrededor de 3.000 euros al mes en impuestos a las arcas municipales, lo que supone un total de 342 millones de euros al año por las 9.500 viviendas de uso turístico que existen en la capital catalana.
Así pues, los API también han denunciado de que con esta medida “se está tratando de criminalizar al pequeño propietario que trata de rentabilizar su patrimonio inmobiliario y se le está situando en una posición de responsabilidad ante la insuficiente oferta de vivienda de alquiler”. “No se puede penalizar al sector privado por la falta de oferta residencial. Ha de ser la propia Administración Pública quien se haga responsable de ese déficit habitacional y tome medidas cuanto antes”.
Además, los API lamentan que la medida también generará efectos negativos al bienestar de las familias y al acceso a un alojamiento vacacional en condiciones. Y es que, tal y como subrayan, “los aparamentos turísticos son una buena opción para familias que no pueden acceder a otro formato de turismo y optan por alquilar una vivienda a otro particular con el fin de contar con una residencia vacacional habitual para una concreta temporada del año”.
