El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes un nuevo Decreto Ley con el que pretende regular el régimen urbanístico de los pisos turísticos en Cataluña, una media tildada de “intervencionista” por el despacho Círculo Legal Barcelona, que critica la falta de fondos públicos para mejorar el parque inmobiliario.
“Este decreto ley, como casi toda la normativa actual, busca regular el mercado inmobiliario y evitar los efectos negativos que ha provocado La Ley por el derecho a la vivienda, sobreregulando los otros destinos que pueden tener los inmuebles; por todo esto nos encontramos nuevamente que los poderes públicos buscan intervenir en vez de facilitar soluciones para que haya un mejor acceso a la vivienda para todo el mundo”, afirma Arantxa Goenaga, socia y abogada de Círculo Legal Barcelona.
Según esta nueva normativa, los Ayuntamientos podrán ampliar los requisitos que se establecen para poder tener esta actividad, añadiendo la condición de que se tiene que obtener una licencia urbanística: “Obligan a estos pisos a cumplir nuevos requisitos en vez de destinar fondos públicos a mejorar el parque inmobiliario, una legislación intervencionista en vez de favorecedora de políticas sociales”.
En el texto se nombran 400 municipios diferentes en los que se aplicará esta nueva norma, mientras que la Resolución que se aprobó el 11 de agosto, en relación con la declaración de zonas tensionadas, se hablaba de 140.
“Si solo en 140 de estos municipios existe un problema real de acceso a la vivienda, significa que 260 municipios son los que consideran que se rompe el equilibrio del entorno urbano al haber más pisos turísticos de los que corresponden, y por tanto procederán a revocar las licencias que excedan de esos 5 pisos por cada 100 habitantes. Esto afectara a aquellos pueblos pequeñitos que viven exclusivamente del turismo”, sentencia la experta.
Motivos detrás de la aprobación de este nuevo decreto
En la exposición de motivos que plantea la Generalitat se menciona que la existencia de pisos turísticos genera un funcionamiento anormal en las zonas donde están situados y por tanto consideran que hay un riesgo de romper el equilibrio del entorno urbano.
Estos municipios son aquellos donde consta que hay un problema de acceso a la vivienda y además deben cumplir uno de los siguientes requisitos: que la carga media del alquiler o hipoteca junto con los gastos básicos supere el 30% de los ingresos medios o de la renta media de los hogares, o bien que el precio del alquiler o compra de una vivienda tenga un porcentaje de 3 puntos superior al incremento del IPC de Cataluña.
“En los casos en que se considere que se puede romper el equilibrio del entorno urbano es porque hay una ratio de 5 o más viviendas de uso turístico por 100 habitantes. Es decir, que este supuesto va destinado especialmente a aquellos pueblos en los que hay muchas casas o pisos turísticos por su enclave geográfico pero que tienen pocos habitantes”, detalla la abogada.
Se prevé los pisos turísticos actuales deberán solicitar esta licencia en un plazo de 5 años desde la publicación o bien cesar en su actividad. Pero por si no pierden este carácter y en el cuarto año tras la publicación de este decreto ley podrán solicitar una ampliación del régimen transitorio hasta 5 años más. “De esta forma está dando un plazo de 9 años a aquellos pisos que actualmente son turísticos pero que seguramente no conseguirán obtener esta licencia urbanística”, concluye Goenaga.
