En los últimos días hemos asistido a propuestas de los principales partidos políticos en materia de viviendas para pretender solucionar entre otros, el problema de la escasez de oferta de viviendas en arrendamiento.
En ninguna de las propuestas está la de reforzar la seguridad jurídica en caso de incumplimiento de los inquilinos que llevan a procedimientos de desalojo que pueden superar los dos años de duración, que es según el abogado y CEO de la Agencia Negociadora del alquiler, José Ramón Zurdo, el principal motivo que hace que los arrendadores no alquilen las viviendas y las lleven a la venta o a otro tipo de alquileres menos intervenidos.
La solución no es intervenir más como ahora se pretende con los alquileres, turísticos, de temporada y de habitaciones, que es donde se ha desplazado la oferta debido el excesivo intervencionismo al que se ha sometido a los alquileres de larga estancia. La solución, según Zurdo, es reforzar la seguridad jurídica de los arrendadores de viviendas en casos de impagos de los inquilinos, y acercarse a ellos, con normativas menos férreas que les transmitan la suficiente confianza para mantenerse en el mercado y sacar más viviendas al alquiler; mientras ello no se consiga las medidas propuestas son “pan para hoy y hambre para mañana”.
La ANA ya ha mencionado en otras ocasiones, que además de tener que construirse más viviendas destinadas al alquiler asequible y al alquiler social, y de agilizarse los procedimientos de desarrollo del suelo, hay que legislar para incentivar a los grandes creadores de oferta, que son los arrendadores particulares, con normas estables en el tiempo y no cambiantes, y con procedimientos de resolución de conflictos muchos mas rápidos que los actuales, mientras esto no se consiga la oferta irá en descenso y los precios de los alquileres se seguirán manteniendo altos. Todo lo que sea control de precios, actualización de rentas por debajo del IPC, zonas tensionadas, prorrogas indefinidas, son medidas que asustan a los arrendadores y les ahuyentan del mercado, pero probablemente esas mismas medidas con más seguridad jurídica y procedimientos de recuperación de sus viviendas más rápidos en caso de incumplimiento de los inquilinos, si serían aceptadas.
No debe olvidarse, prosiguen desde la ANA, que en muchos casos, las viviendas ya están construidas, solo queda acercarse, con medidas legislativas a los titulares de esas viviendas para que las pongan en el mercado y se sientan verdaderamente protegidos; pero no con las propuestas que hemos escuchado, que no entran de lleno en la protección que quieren los arrendadores de viviendas, que es simplemente, que cuando los inquilinos les impaguen las rentas o incumplan los arrendamientos, puedan ser desalojados de sus viviendas, con procedimientos de desahucio que no duren más de tres meses. Esto es justamente lo contrario de lo que se ha hecho, con la última prórroga del Real Decreto Ley 11/2020 por el que se ha vuelto a prorrogar la suspensión de los desahucios y lanzamientos de inquilinos vulnerables hasta el 31/12/2025, volviéndose con esta nueva prórroga a hacer partícipe a los arrendadores particulares de un problema que no es de ellos, sino del Estado, por no tener suficientes viviendas públicas para atender a los colectivos mas vulnerables y desfavorecidos de nuestra sociedad. Se pregunta el CEO de la Agencia Negociadora del Alquiler, si no transmitiría más confianza a los arrendadores por alquilar sus viviendas a estos colectivos, que el Estado se convirtiera en avalista de esos inquilinos vulnerables.
Seguro que esta opción sería aceptada por muchísimos arrendadores para sacar sus viviendas al alquiler, pero por qué los poderes públicos no lo hacen, porque saben que es una medida deficitaria y arriesgada, y quien mejor para soportar esos riesgos que los de siempre, los arrendadores particulares que son la mayoría.
